Modernización del servicio social

MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

Por: Guillermo H. Zúñiga Martínez

​En el año de 1963, el maestro Ángel José Hermida Ruiz convocó a pedagogos mexicanos para que concurrieran a un seminario de corte nacional con el fin de abordar diversos temas relacionados con la educación del pueblo. Dentro del temario de esta destacada actividad política educativa, la Dirección General de Educación Popular llamó a los dirigentes estudiantiles de la Escuela Normal con el propósito de que elaboraran una ponencia sobre “La Situación Actual de la Educación Primaria en el Medio Rural en el Estado de Veracruz y los Problemas que Plantea a la Federación, al Estado, a los ayuntamientos y a las comunidades”.
​Roberto Martínez López, quien era Secretario General de la Sociedad de Alumnos, me localizó, el asunto era muy simple, expresó que tenía la necesidad de que yo redactara esa propuesta; acepté y de inmediato invité a Jesús Morales Fernández y a Francisco Alfonso Avilés a que colaboraran en la redacción del trabajo.
​Cuando participé en el Seminario Nacional, hice saber a los concurrentes que los normalistas pedíamos se cubrieran las vacantes que se daban en la comunidades rurales por alumnos de la Normal “Enrique C. Rébsamen”, organizados en forma tal que no se perjudicaran las labores cotidianas de la institución. Asimismo, consideramos que el maestro rural debería seguir los modelos educativos de Rafael Ramírez Castañeda y fomentar y guiar a los educandos hacia la auto actividad.
​Recuerdo con mucha claridad lo que sostuvimos en aquella época, consistente en que los normalistas eran educados con dinero del pueblo y, en consecuencia, el servicio social que prestáramos en las comunidades marginadas del Estado sería sin pago alguno. Se propuso que el gobierno promoviera entre los dirigentes de las comunidades que a los estudiantes se les considerara con dos atenciones básicas: alimentación y vivienda. Con esa creencia nos fuimos a trabajar, algunos al medio rural y otros al mundo indígena -como fue mi caso-, pero nos llevamos una gratísima sorpresa porque el gobernador de entonces no aceptó que el servicio social fuera sin estipendio, sino que ordenó se cubrieran a los egresados $1,368.00 pesos mensuales.
​Esta evocación me es mucho más grata cuando, al consultar la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de fecha 7 de febrero del presente año, encuentro una intención política de suma trascendencia, ya que el señor Gobernador Javier Duarte de Ochoa reformó diversas disposiciones de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado, con lo cual transforma los artículos 43, 44, 45 y 51 de la Ley de referencia.
​La definición no tiene ripio, contempla el servicio social como actividad de carácter temporal que, en beneficio de la colectividad, prestan los estudiantes y pasantes de las distintas profesiones y agrega que podrá ser presencial o a distancia en línea, lo que moderniza de manera clara esta prestación a cargo de los egresados de las distintas instituciones educativas.
​El servicio social será coordinado por el Departamento de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, y fomentará en los estudiantes una conciencia de responsabilidad social, así como una actitud reflexiva, crítica y constructiva.
​Otra novedad que contiene la reforma, es que el servicio social se realizará por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años, lo que es muy atractivo porque quienes quedan obligados para prestar su contribución al desarrollo, lo harán con el mayor gusto; también se prescribe que la dependencia mencionada podrá autorizar que el servicio social se realice fuera del Estado cuando medie convenio al respecto con la institución educativa estatal, privada o de gobierno, en la que curse o haya cursado sus estudios el interesado.
​En otra parte de la disposición jurídica en comento, se aprecia una admirable actitud del Dr. Javier Duarte de Ochoa: ordena que tendrán derecho a ser exentados de la prestación del servicio social los estudiantes o pasantes que acrediten, ante la dependencia multimencionada, tener más de 50 años de edad, alguna discapacidad o un empleo dependiente de la Federación, el Estado o un municipio, con antigüedad no menor de un año al momento de la solicitud. En este caso creo que debía haberse hablado de ayuntamiento porque es el gobierno municipal propiamente dicho.
​Me emociona mucho la reforma porque miles de estudiantes no tendrán necesidad de realizar el servicio social toda vez que reúnen las características antes señaladas, por lo que procuraré darla a conocer profusamente con el fin de ajustar y observar estas nobles disposiciones.
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