Reforma hacendaría. Ni centralismo ni feudoralismo

Mutatis mutandis

REFORMA HACENDARIA. NI CENTRALISMO NI FEUDORALISMO.

Por Rafael Arias Hernández.

Nada nuevo. Como siempre los recursos disponibles son insuficientes frente a las grandes y crecientes necesidades sociales.
Antes que todo, reforma justa, para crecimiento económico, desarrollo sustentable y bienestar social, al mismo tiempo.
No sólo para el crecimiento y la desigualdad; para el conocido y padecido empobrecimiento de demasiados y el enriquecimiento de unos cuantos. No más de lo mismo, o peor.
Necesaria y urgente una buena reforma hacendaria o fiscal, que aliente el crecimiento económico sutentable y el desarrollo social, que contribuya con más recursos y los distribuya mejor; que fortalezca y fomente, no que privilegie, debilite y enfrente. Real y auténtica; no la de cambiar para que todo siga igual, o peor.
Reforma para liberar potencialidades y apoyar el desarrollo de estados y municipios. Ni centralismo hacendario injusto, ni feudoralismo estatal y municipal parasitario.
Indiscutible: hay que actualizar leyes, instituciones y responsables en el gobierno; y también, al mismo tiempo, hay que partir de una renovada voluntad política de participar y ejercer libertades y derechos ciudadanos.
Actualización, renovación y modernización gubernamental, así como más y mejor participación social, son imprescindibles.
La ineficiencia y la delincuencia gubernamental avanzan y se fortalecen, en la medida que se permita el uso y abuso de la credibilidad, confianza y responsabilidad otorgada al servidor público. Transparencia y acceso a la información; rendición de cuentas y evaluación pública.
Todo gobernante o funcionario es ineludiblemente, en principio y sin excepción, un servidor público. Por tanto, deben transparentar todos sus actos, hacer accesible la información tanto de su desempeño, como de los temas y asuntos del área y asuntos de su competencia; y, sobre todo, rendir cuentas y buenos resultados.
En el caso de las finanzas públicas, sobran razones y preocupaciones, para exigirnos mayor atención y ocupación del tema. Sobre todo cuando se trata de cambiar para mejorar, de reformar para no empeorar.
EL RETO Y LOS RIESGOS.
Eterno sonsonete de que hay que aumentar los ingresos; repetida práctica hacerlo con cargo a la mayoría de la población.
¿Más ingresos a un barril sin fondo? La administración responsable atiende ingreso y gasto, ahorro e inversión, financiamiento y aplicación a la vez.
El reto es incrementar ingresos, sin aumentar sacrificios de las mayorías e injusticias a los desvalidos. Y claro usarlos bien, productiva y honestamente, con compromiso social.
Hasta hoy, a los más ricos y poderosos ni soñar con tocarlos; pero la novedad es que, una vez más, se corre el riesgo de afectar a los más débiles y desprotegidos de siempre. Me refiero a la intención de imponer más impuestos a los que siempre pagan, a pequeños y medianos comerciantes, empresarios, profesionistas y trabajadores; e incluso extenderlos a pobres, a miserables y hambrientos.
¿Por qué sostener y fortalecer regímenes tributarios, en donde los que más impuestos deben pagar no lo hacen?
Y en cambio, es a los que más se apoya con excepciones, privilegios, transferencias, consolidaciones y, para colmo, cuantiosas devoluciones.
Y qué hay de las descomunales operaciones multimillonarias en la Bolsa de Valores exentas de cualquier impuesto o gravamen. ¿Cuáles son sus obligaciones y aportaciones fiscales? ¿Cuál su contribución al desarrollo y el bienestar social de la población?
Privilegios, abusos, complicidades, protecciones auspiciadas y fomentadas por una política fiscal contradictoria e injusta. Viaje con todo pagado de la evasión a la elusión, de la excepción a los rescates y subsidios. Disimulo y complicidad, así como aumentar los ingresos y mejorar las finanzas públicas.
En este contexto, habría que valorar y tomar en cuenta que el presidente Peña Nieto, recientemente afirmó como compromiso: “no venimos sólo a administrar, sino realmente a transformar”. (11.03.13)
Por otro lado. Comprobado está, que las mayorías no sólo pierden con un gasto público, en buena medida, todavía en la opacidad y la discrecionalidad, en la distorsión y simulación. Privilegiado en su orientación, supuestamente para impulsar crecimiento, empleo e ingreso, pero que fuertemente favorece y polariza, aún mas, el desarrollo desigual; y en particular, a un grupo encabezado por el hombre más rico del planeta, en un país amenazado por la delincuencia e inundado de pobres y hambrientos, hecho por demás reconocido en todo el mundo.
Desventaja y desproporción, incluso frente a los también importantes recursos canalizados al asistencialismo y desarrollo social, que se ha vuelto costumbre y práctica burocrática creciente y deformada a través de los años. Buena intención que fácilmente se convierte, en muchos casos, en provechosa actividad de unos cuantos, y en clientelismo, manipulación y condicionamiento político y electoral.
De cualquier forma, el destino de buena parte del gasto público, se vuelve altamente preocupante cuando opacidad y discrecionalidad, uso y abuso se convierten en desviación, saqueo y daño patrimonial.
Sabido pero no aprendido, frente a la ineficiencia y la delincuencia gubernamental, no hay presupuesto que alcance.
Imposible ignorar o minimizar el imperio de la simulación, de hacer como que se hace. De no encontrar ni señalar responsables y mucho menos procesar y castigar culpables. Socorrida y conocida practica de disimulo, complicidad e impunidad.
No sin razón crece la idea y la percepción social, de que son tan inútiles como costosos, la mayor parte de los supuestos vigiladores, controladores, fiscalizadores y demás fauna.
Entre otras razones anunciadas, la intención del nuevo gobierno con sus iniciativas anticorrupción, es la desaparición de dependencias decorativas y simuladoras.
ANTICORRUPCIÓN, LA CLAVE.
La novedad (que no es nueva), es que falta de recursos, mala o peor administración de ellos, junto con injustificados y desmedidos endeudamientos públicos, no solo se limitan y debilitan finanzas públicas, bienestar social, estabilidad y paz pública, sino también crece ineficiencia y delincuencia gubernamental, que toma y se apropia de patrimonio, bienes, recursos y hasta atribuciones institucionales en los diversos ámbitos de gobierno (federal, estatal, municipal, organismos autónomos y poderes).
La deuda pública neta total, del sector público de México en 2012, se estima en alrededor de 6, 000,000 de millones de pesos corrientes.
En todo caso hay que participar y “mutatis mutandis”, cambiar lo que se deba cambiar.
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